jueves, 13 de febrero de 2014

La sociedad hostil



A principios del siglo XXI, la sociedad ha adquirido una nueva cara. Es una sociedad hostil.
La sociedad hostil del siglo XXI desea derrotar al individuo. Un individuo es una persona, con ojos, con oídos, con voz, con memoria, con inteligencia, con discriminación, con corazón, con sentimientos, con emociones, con dignidad, con ideales, con contradicciones, con secretos, con convicciones, con pasiones, con dudas, con conflictos. Esto es un ser humano. Esto es un individuo. El individuo no se puede sumar. Un individuo es todos los individuos.
La sociedad abstracta vale menos que un individuo. La sociedad no es nada y el individuo es todo. Vasili Grossman lo explica maravillosamente bien. Lo más importante que hay en el mundo, dice en Vida y destino, es el individuo. Para preservar esta individualidad, este carácter único, el individuo se une a otros y surge así la sociedad, cuya finalidad es la preservación de la libertad individual de cada uno de sus componentes.

El más débil.
Solo un individuo libre puede ayudar a otro, ser idealista, entregarse, ser generoso. Solo un individuo puede sentir la presencia de otro individuo. Un individuo nunca tiene deudas con la sociedad, que no es más que una abstracción, sino con los otros individuos: con su familia, con sus padres, con sus amigos y también con todos los perfectos desconocidos que le rodean, especialmente con los perfectos desconocidos. Ayudar a los demás es la tarea suprema de un individuo. Esto quiere decir sentir amor por los demás. Quiere decir comprender que los otros están tan solos y se sienten tan desgraciados y desvalidos como uno mismo. Una sociedad donde merece la pena vivir es aquella en que se atienden las necesidades de los más débiles. Una sociedad así ya no parece un ente abstracto, sino que se comporta con emociones y sentimientos, igual que los individuos. Este es el tipo de sociedad que alcanzó su cénit en la Europa de fines del siglo XX con la socialdemocracia.
La sociedad que se está creando a nuestro alrededor no es una sociedad en absoluto. Pretende destruir al individuo y pretende sustituir la noción de ayuda al más débil por la de la explotación inmisericorde de los ciudadanos, que ya no son seres humanos sino simples empleados de una empresa. Esta sociedad ya no es una sociedad de personas libres, sino una empresa. Pero nosotros somos personas, no empleados de una empresa.

Acciones violentas.
Se pretende la humillación sistemática del individuo, ahora simple empleado al que se sojuzga sometiéndole a un perpetuo estado de miedo e inseguridad. Se pretende la destrucción de todo aquello que es individual, personal, creativo, característico, mediante irritantes y tediosos procesos de control, estandarización y homogeneización que afectan a todas las actividades y facetas de la vida. Pero todo esto, la estandarización, el control, la humillación, la prohibición de disentir, el miedo instigado, son acciones violentas. Participan de una violencia no cruenta que tiene el mismo efecto que la guerra o el terrorismo. Estamos entrando en una dictadura mundial. Estamos sufriendo un golpe de Estado.

miércoles, 12 de febrero de 2014

Una reforma del aborto inhumana e incoherente


El número de abortos practicados en España descendió un 25 % desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010; aunque el ministerio de Sanidad borre el dato de su página de internet, no van a conseguir cambiar la realidad de este hecho. Sí, estoy hablando de la reforma de la Ley de 1985 que, según organizaciones medievalizantes y tertulianos de la TDT, daba carta blanca a las niñas de 16 y 17 años para que, tras sus devaneos y promiscuidades, se deshicieran de sus bebés sin ni siquiera informar a sus progenitores. Se conoce que el carácter oscurantista de esos individuos les impide tomarse la molestia de leer el texto de dicha ley, en cuyo artículo 13 podrían comprobar cómo establece que «Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer (se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo)».


Obviando todo lo anterior, la insistencia y la contumacia de esas soflamas consiguieron convencer a un determinado sector del PP que, con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, emprendieron una contrarreforma que amenaza con devolvernos a la época predemocrática. Una contrarreforma basada únicamente en ideologías, que hace caso omiso de los profesionales en la materia y obvia hechos probados y demostraciones científicas. Se empeñan en legislar cuando lo que hay que hacer es educar.


Extraña asimismo que el ministerio de Justicia tome la iniciativa de un asunto que debería corresponder a Sanidad, aunque la incompetencia de Ana Mato explica bastante las cosas. También extraña que un reconocido católico practicante se empecine en sacar adelante una normativa que haría sufrir incluso hasta la muerte a madres de fetos inviables, y que obligaría al nacimiento de niños con todo tipo de malformaciones a sabiendas de que van a vivir en una sociedad que niega cada vez en mayor medida cualquier tipo de ayudas para sobrellevar este tipo de situaciones. No extraña pues que una gran cantidad de comunidades cristianas, que al contrario que el Sr. Gallardón no olvidan lo que es la piedad, se hayan opuesto a esta ley.

 

jueves, 6 de febrero de 2014

El nuevo hospital de Burgos o la cueva de los cuarenta ladrones

Ya vimos hace un par de años una presentación sobre cómo la casta política castellanoleonesa y sus amos los constructores nos habían engañado miserablemente con la construcción del nuevo hospital de Burgos.
Hoy reproduzco un artículo de Ignacio Escolar publicado en El Diario que demuestra cómo aquella presentación se quedaba corta para describir la cantidad de irregularidades y tropelías cometidas por nuestros ínclitos caciques, totalmente carentes de escrúpulos a la hora de repartirse el botín de nuestros impuestos y jugar con nuestra Sanidad.


Cuando la Junta de Castilla y León adjudicó a un consorcio privado el negocio del nuevo hospital de Burgos, el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, prometió tres cosas: sería más barato, más rápido y no aumentaría la deuda pública. Ninguno de los tres compromisos se cumplió. La Junta ha tenido que avalar un crédito de 128 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para su construcción. Se suponía que estaría inaugurado en 2009 y no abrió hasta el año 2012. Y estaba presupuestado en 242 millones de euros, pero ya lleva gastados más del doble, 528 millones.
El sobrecoste del Hospital Universitario de Burgos es descomunal: 286 millones, según ha denunciado el PSOE de Burgos ante el Tribunal de Cuentas. La ciudad tiene alrededor de 180.000 habitantes, por lo que la derrama ya alcanza los 1.588 euros por cada burgalés; 764 euros por persona si repartimos el sobrecoste entre todos los habitantes de la provincia, aunque también cuenta con hospitales en Aranda de Duero y Miranda de Ebro.
Es una gran hipoteca —que no pagarán sólo los burgaleses, sino todos los contribuyentes de la comunidad—, pero la factura total será aún mayor. Cuando se construyó el hospital, la Junta se comprometió a pagar un canon de 38 millones de euros anuales durante tres décadas. Como los costes se han disparado, el canon también lo ha hecho: en 2013 ya fue de 71 millones.
A este ritmo, el hospital privado que iba a costar «sólo» 242 millones acabará saliendo a la Junta por más de 2.000 millones. Por comparar, la cifra total equivale a más de la mitad de la mayor obra pública actualmente en construcción en el mundo, la ampliación del Canal de Panamá (3.400 millones de euros).
Los grandes números son escandalosos, los pequeños detalles, aún más. El coste se ha disparado porque la Junta ha permitido sucesivas ampliaciones de presupuesto; unos modificados donde incluso se llegó a compensar a la empresa adjudicataria con 34 millones de euros por su propio retraso con las obras. El Gobierno autonómico ha aprobado estos sobrecostes sin denunciar la adjudicación, a pesar de que el contrato que firmó establecía penalizaciones en caso de que las obras se retrasasen, como sucedió.

Cláusula del contrato de la Junta de Castilla y León y la adjudicataria de la obra donde se establecían las condiciones en caso de retraso en las obras.

Por supuesto, sólo pierden los contribuyentes, no la empresa que explota el hospital. A medida que el presupuesto aumentaba, la Junta de Castilla y León amplió el canon anual para que no mermase la rentabilidad de los inversores. Según un documento oficial de la Gerencia Regional de Salud, el hospital tenía calculada una rentabilidad anual de alrededor del 7 % en su primer plan de negocio.
Con las sucesivas ampliaciones de presupuesto, el Gobierno autonómico compensó los sobrecostes para mantener la rentabilidad en un porcentaje similar: el 6,92 % anual. El negocio es redondo para la empresa que gestiona el hospital, que ve cómo su rentabilidad está garantizada, por más que se disparen sus costes.

Un documento oficial de la Junta reconoce una rentabilidad del 6,92 % anual en el Hospital Universitario de Burgos.

Los préstamos que financiaron la construcción del hospital también están bajo sospecha. Un particular de Burgos ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea y la Fiscalía General del Estado donde cuestiona que el dinero de los contribuyentes financie este negocio privado. Una empresa pública de la Junta —Sociedad Patrimonial de Castilla y León, S. A.— solicitó al Banco Europeo de Inversión un crédito de 128 millones que la propia Junta avaló.
Desde esa sociedad pública, el dinero llegó después a la empresa privada que gestiona el hospital, a pesar de que el dinero de este banco público europeo no se puede destinar a iniciativas privadas. Según esa misma denuncia ante la Comisión Europea, la cantidad avalada por la Junta fue de 128 millones, pero en las cuentas de la concesionaria del hospital sólo entraron 100. El destino de los otros 28 millones de euros es un misterio.
A pesar de la importancia de esta adjudicación, la opacidad ha sido la norma. Según publicó la Cadena SER, el Ministerio de Economía ha abierto un expediente contra la sociedad que gestiona el hospital por no presentar en tiempo y forma sus resultados anuales. La multa por ocultar esta información podría alcanzar los 300.000 euros.

Del ladrillo a la sanidad.
La Junta de Castilla y León no sólo adjudicó el hospital, comprometió un canon anual, avaló el principal crédito y blindó la rentabilidad a los inversores. También proporcionó los terrenos para su construcción. ¿Los accionistas en este lucrativo negocio? Son varias empresas, pero hay tres socios que destacan sobre los demás.
Según el último depósito de cuentas, del año 2012 —el accionariado ha podido sufrir cambios desde entonces—, la constructora OHL posee el 20,75 %. Un fondo de capital riesgo del Banco de Santander es dueño del 17,64 % de las acciones. Y el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, el propietario del Diario de Burgos que fue condenado a siete años de cárcel por corrupción, está al frente de Urbanizaciones Burgalesas, S. L., que tiene otro 20,75 % de la sociedad que gestiona este negocio: Nuevo Hospital de Burgos, S. A.
Urbanizaciones Burgalesas, S. L. no es propiedad exclusiva de Méndez Pozo. También participan en esa sociedad otras empresas constructoras de la ciudad como Arranz Acinas, Gonorsa o Aragón Izquierdo. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, Urbanizaciones Burgalesas, S. L. ha caído en picado y en 2011 arrastraba una deuda de 95 millones de euros, según las últimas cuentas presentadas en el Registro de la Propiedad en las que también declararon unas pérdidas de cuatro millones de euros.
Antes de dedicarse al hospital privado, Urbanizaciones Burgalesas, S. L. invirtió en un negocio bastante menos rentable: el Reino de Don Quijote, un ruinoso proyecto de casino y parque temático en Ciudad Real que fue cancelado tras dejar unas pérdidas millonarias que, en gran medida, soportó la quebrada Caja de Castilla-La Mancha.
Urbanizaciones Burgalesas, S. L. aún no ha presentado sus cuentas de 2012, el primer año en que empezó a funcionar un hospital privado que muy probablemente ha mejorado su delicado estado financiero.

Algunas de las firmas de las cuentas de 2012 del Hospital Universitario de Burgos.

En el consejo de administración de la concesionaria del hospital también se sienta Jesús Arranz Acinas, del grupo Arranz Acinas, una de las constructoras adjudicatarias del fallido bulevar de Gamonal y aliado de Méndez Pozo en muchos otros negocios. Arranz Acinas y Méndez Pozo también edificaron, junto con otras de las constructoras que son socias del hospital, el residencial donde tiene su polémico ático el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.
El presidente de Nuevo Hospital de Burgos, S. A. es José María Arribas Moral. Antes presidió la Caja de Burgos y está siendo investigado por la Justicia tras una denuncia de UPyD. Cuando era presidente de Caja Burgos, la entidad financiera aprobó 34 millones de euros en créditos para sus empresas con condiciones muy favorables. Gran parte de ese dinero aún está por devolver y probablemente nunca volverá: 12 millones a crédito fueron para una de sus propias empresas, Indasa, que quebró poco tiempo después.
Además de los créditos, la denuncia de UPyD también acusó a varios de los consejeros de la Caja de Burgos de cobrar sobresueldos de forma irregular. Entre los señalados por la denuncia está también el vicealcalde de la ciudad, Ángel Ibáñez, que recibió 24.000 euros de la caja. Según la misma denuncia, José María Arribas cobró 61.000 euros.

El hijo de Méndez Pozo «asesora» al hospital.
El negocio para los accionistas del hospital privado no se limita a ese 6,92 % de rentabilidad anual que garantiza la Junta de Castilla y León. El 29 de noviembre de 2011, unos meses antes de que el Hospital Universitario de Burgos comenzase a funcionar, el hijo de Méndez Pozo, Miguel Méndez Ordóñez, creó una nueva empresa de asesoría y servicios hospitalarios. Se llama Facilita Río Vena Nuevo Burgos Gestión de Servicios, S. L. y su objeto social, según su propia memoria abreviada depositada en el Registro Mercantil, es «el asesoramiento y prestación de servicios de apoyo al Nuevo Hospital de Burgos».
La familia Méndez Pozo colocó al frente de esta sociedad a Javier Fernández-Monzón, un profesional del grupo con larga trayectoria en el sector inmobiliario pero sin experiencia previa conocida en la sanidad. Según su propio perfil público en Linkedin, Fernández-Monzón es al mismo tiempo director general de Facilita Río Vena y responsable de la oficina técnica del hospital. A pesar de que el Hospital Universitario de Burgos comenzó a funcionar el 18 de junio de 2012, en poco más de cinco meses esta empresa de la familia Méndez Pozo facturó cerca de medio millón de euros con sólo cinco empleados.
Miguel Méndez, el presidente de Facilita Río Vena Nuevo Burgos, es también el constructor que presumió en público de invitar al ahora alcalde de Burgos, Javier Lacalle, a unas vacaciones en Francia, en la Costa Azul.

De lo privado a lo público.
Los trabajadores del hospital también aseguran que gran parte de los equipos que se han instalado en el privatizado Hospital Universitario de Burgos salieron del anterior centro público, el Hospital General Yagüe. Camillas, sillas de ruedas, mesas y otros equipos del nuevo centro médico aún tienen el número de inventario del antiguo hospital, conocido en la ciudad como «las trescientas camas».

Una silla de ruedas del nuevo hospital privado, identificada con las siglas del anterior hospital público, el General Yagüe.

Según denuncian trabajadores del hospital, este material sólo ha podido llegar al nuevo centro con la complicidad de la Junta de Castilla y León. En el contrato del nuevo hospital estaba previsto que todo el equipamiento fuese completamente nuevo: no figura que los viejos equipos se fuesen a reciclar. Tampoco hay constancia de que la Junta, propietaria de ese material, lo haya vendido al nuevo hospital privado.
Los trabajadores del hospital también denuncian los sobrecostes que carga la adjudicataria del hospital a cada pequeña reparación o cada nuevo material, unas facturas que indirectamente acaban pagando los contribuyentes. «Han llegado a pedir 6.000 euros por ocho tablones de anuncios de corcho», aseguran fuentes sindicales del hospital.
El Hospital Universitario de Burgos es el único construido con este modelo privado en toda Castilla y León, un proyecto pionero en la región inspirado en el ruinoso modelo Alzira, el hospital valenciano de gestión privada que tuvo que ser rescatado con dinero público tras una nefasta gestión.

Un «ejemplo a seguir».
Las enormes irregularidades en el Hospital Universitario de Burgos apenas han tenido repercusión en la prensa local. No sólo porque el principal editor de la ciudad, el condenado por corrupción Antonio Miguel Méndez Pozo, sea al mismo tiempo accionista del hospital privado; o porque el otro diario impreso de la ciudad, El Correo de Burgos, sea propiedad de José Luis Ulibarri, un constructor imputado en la Gürtel que también es socio de Méndez Pozo en la televisión autonómica. También por las generosas campañas publicitarias con las que los Gobiernos municipal y autonómico, ambos del PP, han regado al resto de la prensa.
En 2010, la Junta de Castilla y León aprobó una campaña de comunicación de 600.000 euros para promocionar el nuevo centro médico. La campaña se anunció cuando aún faltaban casi dos años para que el nuevo hospital entrase en funcionamiento, pero no hay constancia de su ejecución.
A pesar de los sobrecostes y las numerosas irregularidades, los periódicos del grupo de comunicación de Méndez Pozo han seguido presentando al hospital privatizado de Burgos como un «ejemplo a seguir». Así lo calificó La Tribuna de Toledo, uno de los diarios de Méndez Pozo, en un artículo de 2012 que aún se puede consultar en su web y donde vendía al Gobierno de María Dolores de Cospedal las virtudes del sistema privado ensayado en Burgos: «Un modelo de colaboración público-privada que hoy, vista la actual situación económica, parece en la capital castellano y leonesa el más acertado», aseguraba el artículo. «Se trata de una fórmula probada ya con éxito en otros países europeos, y que en España también se ha aplicado en la construcción de ocho hospitales de la Comunidad de Madrid».

viernes, 24 de enero de 2014

Otras preguntas sobre Gamonal



En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo un amplio sector de la población de un barrio se ha levantado contra un cacique local al más puro estilo decimonónico y sus lacayos políticos para evitar el derroche de ocho millones de euros en una más de esas obras faraónicas que tanto han contribuido a sumirnos en esta crisis financiera y de valores de la que, digan lo que digan, ni hemos salido ni estamos saliendo.


Es evidente que no es el momento de gastarse esa millonada sólo para tener contentos a los verdaderos jefes de esta ciudad, máxime cuando en Burgos hay muchos otros barrios y muchos otros problemas que deberían tener prioridad a la hora de realizar reformas o inversiones. Sirva como muestra el bulevar del ferrocarril, que todavía no está terminado y deja parcialmente aislada una parte de la ciudad.


Tanto en los medios de comunicación como en los diferentes corrillos se ha debatido largo y tendido sobre la necesidad o no del recurso a la violencia como medida de presión contra la corrupción de los representantes de los ciudadanos, la actuación de las fuerzas del orden en este tipo de manifestaciones, el papel del magnate exconvicto en las diferentes fases del proyecto del bulevar, etc. Sin embargo, hay una serie de preguntas que no se están planteando en casi ningún foro:


1. ¿Por qué son tan contadas las ocasiones en las que algún medio de comunicación enriquece el debate dando voz a quienes están a favor de la construcción del bulevar? Creo que ha quedado patente que en Gamonal son mayoría quienes están en contra (y abrumadora mayoría si tomamos a la sociedad burgalesa en su conjunto), pero no es coherente quejarnos de que Lacalle, Ibáñez y compañía sólo se dignan a recibir a quienes saben que no les van a llevar la contraria, y luego la información se convierta en un monográfico sobre un único punto de vista.


2. ¿Por qué hay ciudadanos que están recibiendo amenazas anónimas en sus buzones por el mero hecho de conocerse su apoyo a la construcción del bulevar? Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír; dijo un tal George Orwell.


3. ¿Por qué nos levantamos ahora en tan gran número, con tanta firmeza, ira y determinación, por unas plazas de aparcamiento, mientras que la protesta popular fue alarmantemente escasa cuando nos quitaban la Sanidad, la Educación o el Trabajo?


4. ¿Por qué se han vandalizado (e incluso desvalijado) todas las sucursales bancarias de la calle Vitoria salvo las de Kutxabank y Laboral Kutxa?


5. ¿Por qué hay grupos de ciudadanos que acuden a esas sucursales bancarias para solicitar que no se personen como acusación particular contra los detenidos en los altercados, cuando es evidente que ese tipo de decisiones no se toman allí, sino en los servicios jurídicos de las oficinas centrales de cada entidad financiera?


6. ¿Por qué esos grupos de ciudadanos denominan a esas visitas «ocupaciones pacíficas», cuando está claro que eso es una contradicción en los términos, máxime cuando se personan allí con los rostros cubiertos por pasamontañas?

jueves, 19 de diciembre de 2013

Reforma de la constitución


Cuando se cumple el 35 aniversario de nuestra Carta Magna, estamos viendo cómo un número cada vez mayor de representantes políticos se manifiestan en pro de llevar a cabo una reforma constitucional, bien sea a favor de los independentismos (Alfredo Pérez Rubalcaba) o en su contra (Susana Díaz), para intentar frenar la crisis (Gerardo Iglesias), para eliminar el sistema bipartidista imperante en la actualidad (Pablo Sebastián) o en pos de una verdadera separación de poderes y listas abiertas en los partidos (Fernando Álvarez de Miranda, presidente del Congreso que firmó la Constitución).

Más allá de esas propuestas, es más que evidente que existe una enorme brecha entre nuestro texto constitucional y la realidad sociopolítica de nuestro país. Aparte de las limitaciones que la Constitución Española interpone ante los deseos de muchos colectivos y el desarrollo de la democracia en general (como es el caso de la anticuada Ley D’Hondt, de la prácticamente nula eficacia de la Iniciativa Legislativa Popular por su limitadísima regulación —sobre todo si la comparamos con la reciente Iniciativa Ciudadana Europea, regulada en términos mucho más generosos con el principio constitucional de participación—, o del indebido funcionamiento de la división de poderes, con demasiadas interferencias por parte del ejecutivo en los poderes legislativo —por medio del Decreto-Ley, en infinidad de ocasiones incumpliendo manifiestamente el requisito de «extraordinaria y urgente necesidad» que establece el artículo 86— y judicial—a través de la prerrogativa de gracia, residuo del absolutismo monárquico que, mediante el indulto, le permite rectificar o anular los efectos de las sentencias de los tribunales penales— y poco control de éste por parte del legislativo, concentrándose el poder en el Gobierno en detrimento del Parlamento) y de sus muchos anacronismos (Corona, Estado de la Autonomías o del «café para todos»), es obvio que nuestra Carta Magna nos otorga una serie de derechos que la realidad se obstina en arrebatarnos, ya sea debido a la situación económica, a la corrupción política, a los poderes fácticos o por mera incompetencia y negligencia de nuestros dirigentes.

También es patente el reverencial y desproporcionado respeto que los españoles, sobre todo nuestra inmovilista casta política, mostramos hacia cualquier idea de reforma en general y de nuestra Constitución en particular, bien por miedo a la inestabilidad o simplemente porque no ha existido el suficiente consenso entre las fuerzas políticas. En el imaginario colectivo, esta proverbial veneración hacia nuestro texto constitucional va normalmente asociada únicamente a los aspectos territoriales y monárquicos, cuando en realidad abarca muchas más cuestiones, que afectan al desarrollo social, político y económico, así como a la convivencia, toda vez que nuestra realidad ha cambiado sobremanera en los últimos 35 años (léase, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la sentencia 198/2012 del Tribunal Constitucional al respecto).

Como destaca en Diario del Derecho D.ª Susana Galera Rodrigo, muchas de cuyas reflexiones gloso más adelante, resulta cuando menos llamativo que textos constitucionales de nuestro entorno se hayan modificado varias decenas de veces, mientras que nuestra Constitución sólo ha sufrido dos modificaciones en sus más de treinta años de vigencia, y en ambos casos impuestas por imperativos del Derecho Europeo: una menor (la del artículo 13.2) y otra de urgencia (la del artículo 135). Como si se tratara de un laberinto, el propio texto restringe exageradamente la reforma del Título Preliminar, los Derechos Fundamentales y la Corona, para lo cual se necesita disolver las Cortes y juntar a ambos Parlamentos.

En cambio, existen una serie de artículos totalmente obsoletos cuya reforma debería plantearse:

• Artículos 9.2, 23, 66 a 69, 105 y 125: en la antigua dialéctica democracia representativa / democracia participativa, los ciudadanos experimentan cada vez una mayor desconfianza y desafección hacia las instituciones representativas, sintiendo como insuficiente su participación en la vida política que, demasiadas veces, se reduce a las correspondientes convocatorias electorales en las que optan entre varias opciones de listas cerradas de candidatos. El resultado, desagradable en muchos casos, es que se sustituye por el derecho de manifestación el negado derecho de iniciativa legislativa, con escasas opciones de prosperar (véase la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, rechazada inicialmente pese a contar con más de millón y medio de suscriptores, tomada en cuenta posteriormente debido al clamor popular, finalmente viciada y confeccionada a medida de la gran banca, y culminando, para más INRI, con los golpes en el pecho de nuestro gobierno, afirmando con su característico descaro que toda la iniciativa había partido de ellos desde un primer momento) debido a las limitaciones impuestas tanto por el artículo 87.3 como por la Ley Orgánica 3/1984 (es decir, de hace casi treinta años) que la regula. No provocan pues extrañeza las cifras resultantes de la suerte de las Iniciativas Legislativas presentadas: de un total de 90, sólo una ha resultado en una única Ley adoptada, 30 han sido inadmitidas, 4 se encuentran en tramitación en la actualidad (entre ellas la dación en pago y paralización de desahucios) y el resto han caducado o han sido rechazadas. Entre las inadmitidas se encuentran algunas de especial trascendencia social, como las que proponían el aumento del período de baja maternal (2006), la creación de un parque de vivienda social en régimen de alquiler (2011), la modificación de la ejecución hipotecaria (2011) o la eliminación de prebendas de la clase política cesada (2012).
Es claro el retraso español si lo comparamos con la Iniciativa ciudadana europea que, por ejemplo, no excluye ninguna materia (algunas de las iniciativas en tramitación no habrían pasado el filtro en el ámbito español, que no admite materias constitucionales, propias de ley orgánica o relativas a derechos fundamentales y libertades), establece un generoso plazo de doce meses —prorrogables— para recabar las firmas y exige un millón de firmas dentro de un territorio de 500 millones de habitantes (en España equivaldría a unas 83.000 firmas, en lugar de las 500.000 necesarias actualmente), todo ello adecuado a una evidente demanda social de participación política y acercamiento de las instituciones a los ciudadanos que no puede posponerse por más tiempo por parte de unas instituciones nacionales que han permanecido básicamente inalteradas desde su creación en el siglo XVIII y que deben adaptarse ya a las nuevas formas de ejercicio del poder público que demanda la sociedad del siglo XXI.
La casta política que se escuda tras nuestro insuficiente y debilitado texto constitucional debe dejar de hacer oídos sordos a una sociedad que exige de manera explícita y vehemente una mayor participación en la vida pública, que no se conforma con la pasividad o la delegación cada cuatro años. Mucho antes de la crisis, la forma de ver la política ya había cambiado en España; ya no se acepta que ésta se reduzca a lo que decidan unos cargos públicos muy reducidos o los grupos de presión. Los ciudadanos se sienten alejados de sus representantes y reclaman una mayor transparencia en el poder y una apertura de los partidos, no sólo por la incapacidad manifiesta de los dirigentes a la hora de gestionar la situación económica, sino fundamentalmente por las estrechas estructuras de nuestro sistema político, donde la Ley Electoral y los Reglamentos parlamentarios desempeñan un papel obsoleto y oxidado.
El sistema electoral ideado en 1978, basado en la provincia como circunscripción electoral, la ley d’Hondt como supuesta (pero fallida) garante de la proporcionalidad, y las listas cerradas, ha alejado a los parlamentarios de los electores hasta extremos difícilmente aceptables.
Asimismo, debería limitarse el número de mandatos consecutivos de los parlamentarios, endurecer las incompatibilidades y sanear la muy deficiente democracia interna de los partidos.

• Artículos 41, 43, 47 y 50: encuadrados dentro del Capítulo III del Título I («principios rectores de la política social y económica»), se trata del régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; la protección de la salud pública; disfrutar de una vivienda digna y adecuada; y unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Según Diego López Garrido, estos cuatro artículos deberían moverse al Capítulo II del Título Preliminar y convertirse en derechos fundamentales. Sin embargo, las políticas de austeridad, agravadas por unos impuestos cada vez más regresivos, los han situado al borde del abismo. Un Estado del Bienestar que no nos retrotraiga a la Edad Media sólo puede garantizarse con un «sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad», tal y como reza el artículo 31. Si el recientemente reformado artículo 135 nos obliga a cumplir estrictamente con un equilibrio en las cuentas públicas para evitar el déficit (principio de estabilidad presupuestaria), pero a la vez queremos disfrutar de estos cuatro imprescindibles derechos (principio de suficiencia del sistema tributario), hay que gravar más a quienes tengan mayor capacidad económica y luchar en serio contra el fraude fiscal, en lugar de permitir inversiones en paraísos fiscales o en productos como las SICAV, promover el lavado de dinero negro por medio de amnistías fiscales a medida de los amigotes de la casta o hacer la vista gorda con el pequeño defraudador del tipo «¿con IVA o sin IVA?».
Hoy en día, la canallesca propaganda neoliberal ha conseguido lavar el cerebro de miles de españoles que, carentes de criterio, levantan su dedo acusador contra quienes se ven obligados a solicitar subsidios de desempleo o de cualquier otro tipo. Olvidan estos individuos que, mes a mes, todos los trabadores realizan una aportación económica, descontada en su nómina, para cubrir un posible período de desempleo. Muchos afortunados nunca necesitarán recurrir a esa reserva durante toda su vida laboral; muchos otros se verán obligados a ello, en algunos casos (los menos) incluso superando lo que hayan aportado anteriormente. Estos últimos son quienes sufren la ira y la inquina de los adláteres de los tertulianos de la TDT y determinadas emisoras de radio, obviando nuestros dos milenios de sedimento cristiano, uno de cuyos fundamentos es la solidaridad. Olvidan asimismo que, también mes a mes, todos los trabajadores y todas las empresas realizan sus correspondientes aportaciones económicas a la Seguridad Social para cubrir la asistencia sanitaria, las jubilaciones, etc. de millones de ciudadanos que han estado pagando por ello durante toda su vida laboral. La ineptitud de nuestros gobernantes para gestionar nuestros abultados impuestos no justifica que tengamos que sufrir la necedad de las arengas fanatizadas de docenas de tarugos indocumentados.

Artículo 57.1: ya que, incluso a estas alturas y «con la que está cayendo», la sola mención de la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república resulta blasfemo para buena parte de la ciudadanía, por lo menos resultaría apropiado la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono que, por otra parte, contradice el principio (básico del ordenamiento jurídico español y universalmente reconocido) de igualdad sin discriminación por razón de sexo proclamado en el artículo 14, encuadrado dentro de los derechos y deberes fundamentales, y por ende prevalente sobre títulos de menor rango constitucional como es el de la Corona.
Ya en 1983 resultaba incomprensible e intolerable que, al ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado español se obstinara en incluir la reserva de que dicha ratificación «no afectará a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española». Treinta años después, habiendo aprobado una flamante Ley de Igualdad, reservas y excepciones de este tipo suponen un anacronismo inaceptable. Las nuevas generaciones de españoles que desde entonces han hecho presencia en nuestra sociedad han incorporado a su cultura cívica el principio de la igualdad de sexos como un valor entendido que no necesita justificación alguna.
La supresión de la preferencia masculina en el acceso a la Corona respondería al sentir mayoritario del pueblo español con respecto a la discriminación por razón de sexo y nos situaría en la senda de otras monarquías europeas que nos han precedido a la hora de llevar a cabo esa supresión. Suecia instauró la plena igualdad por razón de sexo en la sucesión al trono en 1980, Holanda en 1983, Noruega (país que ha modificado su Constitución en repetidas ocasiones sin provocar catástrofe natural alguna) en 1990 y Bélgica en 1991.


Artículo 93: mientras que en Alemania (por poner un ejemplo), su jefa del ejecutivo (Angela Merkel) se las ve y se las desea para convencer a su Cámara Legislativa de la pertinencia de las posiciones que más adelante (con su autorización) mantendrá en el Consejo Europeo, nuestra versión es exactamente la contraria, pues nuestro jefe del ejecutivo (Mariano Rajoy) acude al Consejo Europeo, defiende la posición que, según su único criterio, estime más adecuada para España, y a la vuelta de su viaje, ya a toro pasado, relata en el Congreso los tratados europeos que ha ratificado, bien en persona, bien por medio de esa orwelliana pantalla de plasma que tanto regocijo provoca entre los reporteros patrios. Y es que nuestro lacónico artículo 93 (que, por otra parte, se desentiende de las consecuencias que se deriven de dichas ratificaciones) no llega tan lejos como el correlativo artículo 23 de la Ley Fundamental de Bonn, la cual impone a su poder ejecutivo, con carácter previo a constituirse en legislador comunitario, la obligación de consultar el criterio de su Parlamento cuando en los foros europeos se vayan a adoptar las decisiones políticas más importantes, así como de recabar la posición del Bundesrat (Cámara alta) cuando los intereses de los Länder (estados federados) resulten afectados. Así, se da la paradoja de que el Parlamento alemán debatiera en su día las condiciones del rescate a la banca española, debate que jamás se produjo en el Parlamento español (por no hablar del Gobierno, que se empecinó en negar que estuviéramos siendo rescatados).


Como indica el Informe sobre modificaciones de la Constitución Española, emitido por el Consejo de Estado en febrero de 2006, los textos constitucionales no pueden pretender ser definitivos, ni aspirar a permanecer intangibles, si se quiere que continúen sirviendo con fidelidad a los objetivos que se han marcado desde su origen. Las generaciones posteriores a la constituyente tienen también el derecho de revisar sus formulaciones. En tanto que fundamento de la convivencia colectiva, las constituciones no pueden ser indiferentes ni insensibles a los cambios relevantes que se producen en la comunidad. La adaptabilidad de las constituciones es un valor positivo para su pervivencia. Las más duraderas y estables son las que han sido capaces de introducir reformas parciales.
Nuestra realidad no es la misma que en 1978; Europa y el mundo han cambiado vertiginosamente a nuestro alrededor. Para preservar la vitalidad normativa del texto, resulta muy aconsejable que algunas de las disposiciones de nuestra Constitución se acomoden a ese cambio.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Food, Inc.


Documental estadounidense de 2008 dirigido por Robert Kenner y basado en los libros Fast Food Nation, de Eric Schlosser, y The Omnivore's Dilemma de Michael Pollan.